Núm. actual

Núm. anteriores

Actualidad

Investigación

Patrocinadores

Inicio

DOSSIER CIENTÍFICO

La propuesta de CiU en política científica Antoni Castellà i Clavé Cataluña goza de reconocimiento internacional en investigación. Sin embargo, es preciso incidir en algunas carencias manifiestas para poder surgir con más fuerza de una coyuntura económica desfavorable. La propuesta de CiU va en la línea de consolidar la excelencia y propiciar una mayor competitividad. En la última década, el salto experimentado en el ámbito de la investigación, en el conjunto del Estado español, ha sido muy remarcable. Un salto que, en el caso de Cataluña, ha sido de magnitudes excepcionales, gracias a diversos factores coincidentes en el tiempo. Hace unos meses, la prestigiosa revista Nature Jobs (en su número del 31 de marzo de 2011) indicaba muy claramente dos de estos elementos, ambos en funcionamiento desde hace una década: la puesta en marcha de ICREA (iniciativa del Gobierno de la Generalitat que promueve la captación de talento científico) y la creación de un conjunto de centros de investigación altamente especializados con un sistema de gobernanza independiente del de las universidades. En el caso del exitoso programa ICREA, además de permitir la contratación de investigadores de prestigio de todo el mundo, también ha facilitado el retorno de los investigadores catalanes que habían desarrollado su carrera en el extranjero, contribuyendo a contrarrestar en gran medida la «fuga de cerebros». A día de hoy, ICREA ha contratado a un total de 278 investigadores en especialidades muy diversas: ciencias de la vida y medicina, ciencias experimentales y matemáticas, ciencias sociales, humanidades y áreas tecnológicas. Además, podríamos remarcar otros dos factores que han sido básicos en el fuerte impulso experimentado por la ciencia en Cataluña: una cierta continuidad en los valores fundamentales de esta política, a pesar de los cambios de gobierno, y un compromiso económico fuerte y estable durante los últimos doce años. Tras esta reflexión inicial, nos preguntamos cuáles de estas iniciativas han sido propiciadas por las políticas científicas de ámbito estatal. La respuesta es que, posiblemente, la política más destacable en estos últimos años haya sido el compromiso económico y presupuestario del Gobierno del Estado con la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica, es decir con la I+D+i. Un ejemplo claro lo encontramos en las intervenciones del Gobierno estatal referentes a este ámbito, medidas en millones de euros, por ejemplo, triplicando en dos años la I+D empresarial hasta llegar a los 3160 millones en 2010, o aumentando este año un 57% las ayudas para financiar proyectos de colaboración público-privada. Cuando esta política se traduce en cambios perceptibles, el peso de Cataluña es indiscutible. Recientemente, los resultados provisionales de la primera convocatoria a ayudas a la integración profesional Marie Curie (CIG) de la Comisión Europea –dirigidas a facilitar la incorporación de científicos que hayan recibido una oferta de trabajo estable en instituciones de investigación europeas– sitúan España como el Estado de la UE-27 con mayor éxito de atracción de investigadores. La letra pequeña dice que Cataluña concentra el mayor número de centros con propuestas preseleccionadas (20), mientras que el resto de Comunidades del Estado suma 21. Pero volvamos al reconocido compromiso económico. Según datos recogidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el peso en los Presupuestos Generales del Estado del Programa de Gasto 46 (el PG46, que recoge la parte destinada a I+D+i) se situó en 2008 en un máximo histórico del 3% (incluido el capítulo VIII de activos financieros). Diez años antes estaba por debajo del 1%. En cuanto al porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que se destina a actividades de I+D+i, los datos disponibles correspondientes al año 2008 lo sitúan en un 1,35%. En 1985, el porcentaje del PIB era solo del 0,81%. A pesar de esta tendencia a un mayor gasto, el Estado español aún está lejos del 2,77% del PIB que destina Estados Unidos o del 3,49% de Finlandia. Como decíamos, más allá de estos indicadores –que deben ser analizados en función del contexto propio de cada país–, la buena valoración no se puede extrapolar a los ámbitos de mayor importancia: no existen iniciativas remarcables para atraer y retener el talento, tampoco se han impulsado políticas para romper la endogamia del sistema universitario y de investigación, no se han ensayado nuevas fórmulas de gobernanza y la continuidad de las políticas científicas ha sido parcial. Y estos son solo algunos ejemplos. Esta falta de iniciativas realmente ambiciosas se ha enmarcado en un escenario presupuestario que ha permitido unos crecimientos que, en ningún caso, continuarán los próximos años. De hecho, ya se ha invertido la tendencia. En los últimos Presupuestos Generales del Estado, ya a partir de los correspondientes al ejercicio 2009, el peso del PG46 ha disminuido después de un crecimiento ininterrumpido desde 1996. Concretamente, el presupuesto en vigor supone un gasto en I+D+i un 8% menor respecto al del año 2010. En esta difícil coyuntura en la que estamos, especialmente desde el punto de vista económico, es innegable que debemos confiar en el conocimiento y en la innovación como motores de progreso para nuestra sociedad. La innovación ha de permitir a nuestras empresas –especialmente las pymes–, aumentar su competitividad y mejorar sus perspectivas económicas, contribuyendo así a la reducción del paro mediante la creación de puestos de trabajo cualificados. Esto requiere, necesariamente, cambiar algunos de los paradigmas que, hasta ahora, han guiado las políticas del Gobierno español en ciencia y tecnología. Por tanto, en su programa electoral, Convergència i Unió (CiU) exige en primer lugar la transferencia a Cataluña de las competencias y los fondos destinados a investigación, tal como se ha hecho con el País Vasco, para que el Gobierno de la Generalitat pueda continuar con su trabajo a favor de la excelencia científica. Este programa electoral recoge también una apuesta clara a favor de la flexibilización de la Administración y la reducción de la burocracia, para facilitar la colaboración público-privada, verdadero motor de progreso en este ámbito. Instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), por no hablar, obviamente, del conjunto de universidades, admiten diferentes formas de gestión y gobernanza, sin duda mucho más eficaces que las actuales. Una racionalización en el funcionamiento y la gestión de estas instituciones permitiría un mayor rendimiento de los fondos públicos dedicados a I+D+i. A pesar del escenario económico actual, CiU considera que, en la medida de lo posible, no se deben frenar los recursos destinados a investigación y, de ningún modo, se debe abandonar el objetivo de poder destinar a ella el 2% del PIB, tal como marcan los compromisos de Lisboa y del Espacio Europeo de Investigación. Otros ámbitos que no se deben ver afectados por esta situación son la inversión en los centros públicos de investigación y la transferencia de tecnología. En este sentido, reclamamos una política presupuestaria de ayudas para el registro nacional e internacional de patentes, así como un incremento sustancial de la financiación estatal a los centros públicos de investigación, que asigne los fondos según criterios de competencia. Esta racionalización también debe afectar a la Administración del Estado a la que exigimos que coordine bien los asuntos referentes a la I+D+i entre los diferentes ministerios implicados. He mencionado la importancia de fomentar la innovación en las pymes para reforzar nuestra maltrecha economía. Este convencimiento lleva a CiU a proponer la elaboración de un plan especial para las pymes innovadoras, para facilitarles el acceso a las convocatorias de los programas de I+D+i de la Unión Europea (UE). Esta iniciativa también tendría como objetivo difundir entre el empresariado las potencialidades y capacidades del sistema de investigación y desarrollo, y del de transferencia de tecnología. En la línea de manifestar la ambición, totalmente justificada, de que Cataluña desarrolle todas las competencias en materia de I+D+i que recoge su Estatuto de Autonomía, es preciso referirse a la situación del conjunto del Estado. No es posible hacer el salto hacia una economía basada en el conocimiento sin los recursos necesarios. Y no se trata únicamente de cantidad, sino también de calidad. Por poner un ejemplo, no tiene ningún sentido continuar adjudicando los fondos estructurales europeos destinados a la investigación (FEDER) en función de criterios poblacionales, en vez de hacerlo según la capacidades científicas de cada territorio. En algunos casos, los fondos FEDER no se han podido aplicar ni tan solo en los territorios correspondientes, por falta de proyectos y de la cofinanciación necesaria. Esta situación clama al cielo. Por esta razón, desde CiU exigimos una política basada en la eficiencia, en la que las infraestructuras y grandes instalaciones científico-técnicas actúen como tractoras de recursos, teniendo en cuenta la capacidad investigadora de cada sistema de I+D+i y racionalizando y priorizando la concentración de recursos en zonas de excelencia científica. En este ámbito, son ejemplos de acuerdos con el Estado la participación del Barcelona Supercomputing Center en el proyecto europeo PRACE (que esperamos no se ralentice por falta de compromiso del Estado) y la construcción del sincrotrón Alba, para el cual es preciso seguir reclamando las inversiones necesarias para su funcionamiento. Y, siguiendo esta línea argumental, hemos de continuar incidiendo en el reconocimiento de la excelencia científica. Programas como el Severo Ochoa, que, tras una evaluación según estándares internacionales, prevé financiar a los mejores centros de investigación estatales con un millón de euros anuales durante un período de cuatro años, es un gran paso adelante para romper la uniformidad y dar herramientas a algunas de las mejores instituciones del Estado para que continúen en los puestos de cabeza de sus respectivos ámbitos de conocimiento. Además de exigir que se adopten criterios únicamente basados en la excelencia científica, el programa de CiU apuesta por seguir fomentando la captación de talento y la movilidad, tanto geográfica como interinstitucional entre el sector público y el privado, de investigadores y jóvenes en proceso de formación. La internacionalización es también una pieza fundamental del engranaje de las políticas científicas de éxito, y en este sentido, desde CiU reforzaremos el nuevo Plan Nacional de I+D+i, con especial atención al apoyo a la participación en grandes proyectos y plataformas europeas e internacionales. Tras subrayar algunos de los defectos de las políticas científicas estatales (falta de coordinación entre ministerios, criterios contrarios al interés científico, etc.), es preciso destacar las iniciativas acertadas que se han impulsado en esta última legislatura. Es el caso de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI), aprobada el pasado mes de mayo con el apoyo de CiU. Esta iniciativa, a pesar de quedarse corta en algunos aspectos, abre la puerta a una cierta flexibilidad y permite una forma diferente de gestionar el sistema de ciencia estatal. Después de esperar durante 25 años una reforma del sistema de I+D+i estatal tomamos esta acción con un cierto optimismo. En la línea de profundizar en aspectos claves para avanzar hacia una economía donde la innovación tenga un papel de absoluta relevancia, no querría dejar de incluir un aspecto que recoge ampliamente nuestro programa electoral y que normalmente se obvia en los debates sobre políticas científicas. Se trata de la necesidad de promover la difusión de la investigación y de los avances científicos entre la población. En este sentido, desde CiU fomentaremos espacios de divulgación con función pedagógica, como los museos y los propios centros de investigación. Haremos una decidida apuesta por su promoción en la sociedad mediante una política de información a los ciudadanos sobre los vínculos de la investigación con el bienestar y la calidad de vida, utilizando al máximo las plataformas que ofrecen los medios de comunicación. También impulsaremos la difusión del conocimiento y el debate social sobre el modelo de desarrollo científico y tecnológico y su papel en la sociedad, fomentando las reflexiones sobre las cuestiones éticas que entren en juego. Finalmente, me gustaría acabar subrayando lo que tal vez, en la actual situación económica, sea una obviedad. Se necesitarán más recursos, y difícilmente estos vendrán tan solo de las Administraciones públicas. Por lo tanto, más que nunca, es necesario que haya una mayor implicación privada para conseguir los mecanismos de financiación y de capital necesarios para poder llevar a cabo las iniciativas más innovadoras. También es urgente facilitar la entrada de filántropos y mecenas. En los países más innovadores del mundo saben perfectamente de la importancia de la filantropía para el impulso de la ciencia y la innovación. En cambio, España es uno de los Estados más atrasados en cuanto a dar facilidades al mecenazgo. En esta línea, el programa electoral de CiU recoge el compromiso de facilitar el mecenazgo, como ya intentamos en el trámite parlamentario de la citada LCTI, e impulsar la mejora de la seguridad jurídica de los incentivos fiscales por I+D+i, promoviendo que haya más respuestas vinculantes por parte de la Administración Tributaria, abriendo vías para comprometer inversiones con un elevado contenido innovador y garantizando la fiscalidad aplicable. Además, agilizaremos los procesos de reconocimiento del cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación de las deducciones fiscales en el impuesto de sociedades para gastos en actividades de I+D+i. En opinión de CiU, la vinculación del mundo empresarial con la ciencia y la innovación no se debe plantear únicamente en términos de filantropía y mecenazgo, sino que es necesaria –tal como he subrayado anteriormente– la cooperación público-privada, la capacidad de colaboración del mundo de la empresa en las actividades de I+D+i, como motor de progreso en este ámbito. En este sentido, en nuestro programa electoral nos comprometemos a promover relaciones más estrechas entre las instituciones investigadoras y la industria. Introduciremos programas que faciliten la incorporación de profesionales procedentes de empresas para realizar tareas de docencia e investigación, así como estancias de investigadores de entidades públicas en empresas privadas. También queremos crear e impulsar las redes de inversores Business Angels, que ponen en contacto a nuevos empresarios, asesores e inversores de capital privado para impulsar nuevos proyectos empresariales basados en la innovación. Desde CiU impulsaremos también programas de valorización y transferencia del conocimiento que permitan la identificación, protección, desarrollo y transferencia de los resultados de la investigación, generada por las entidades públicas y privadas, al tejido productivo, mediante la obtención de nuevas patentes y contratos nacionales e internacionales. En definitiva, la innovación debe ser uno de los pilares sobre los cuales se debe construir la salida de la crisis económica que estamos sufriendo. Si somos capaces de superar la actual coyuntura, emergeremos con un tejido empresarial e industrial más fuerte y más robusto, con más puestos de trabajo y de mayor valor, y con una sociedad del conocimiento mucho más capacitada para enfrentarse a los nuevos retos que nos depara el futuro. Antoni Castellà i Clavé VICEPRESIDENTE DE UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE CIU ARTÍCULOS DE ESTE DOSSIER [Noviembre 2011] INTRODUCCIÓN: Promesas y realidades Xavier Pujol Gebellí La ciencia: una prioridad de los socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba Algunas propuestas para la próxima legislatura Gabriel Elorriaga La propuesta de CiU en política científica Antoni Castellà i Clavé La I+D+i y la X Legislatura Arantza Tapia y José Ramón Beloki Políticas científicas para los tiempos que vienen Xavier Pujol Gebellí [VOLVER AL ÍNDICE]