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POLÍTICA CIENTÍFICA

¿Fiscalizar a cualquier precio?

Enrique J. de la Rosa

El autor reflexiona sobre las nuevas prácticas fiscalizadoras del gasto de los grupos de investigación. De acuerdo con controlar la ejecución tanto científica como económica del proyecto, pero no con fiscalizar a costa de desincentivar la creatividad y potenciar una investigación totalmente previsible, con un impacto muy limitado tanto en la consecución de conocimiento como en la resolución de los retos de la sociedad.

E

n las semanas previas al verano, numerosos grupos de investigación hemos recibido largos listados de gastos realizados, pero que no han sido admitidos (validados en su terminología) por la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la Investigación del MINECO. Corresponden, en general pero no solo, a una gran parte de los 3000 proyectos del Plan Nacional concedidos en su convocatoria del año 2007. A fecha de hoy, no creo que sea necesario describir en detalle los referidos listados.

Estoy seguro de que la gran mayoría de los investigadores ya han hablado con colegas que han tenido que presentar alegaciones a la vista de dichos listados. Brevemente, no ha sido infrecuente que el listado de gastos no validados estuviera en el entorno de los 200 apuntes, y que representara más del 50 % del importe de la ayuda concedido. Para las alegaciones ha sido necesario recopilar, en el plazo de 10 días hábiles, cientos de datos que, en su mayor parte, ya estaban disponibles en el proyecto original o en los informes de seguimiento, tanto científicos como económico-financieros, previamente enviados. Adicionalmente, se requería ampliar detalles sobre el gasto que, en absoluto, contribuyen a mejorar la eficacia del mismo ni de la investigación realizada. Si la alegación no se presenta en plazo, o si es denegada, se debe devolver el importe no validado más los intereses de demora acumulados desde el momento del pago de la ayuda por parte del Tesoro Público, lo que aproximadamente representa un 33 % adicional para los proyectos de 2007.

El requerimiento más frecuente ha sido la necesidad de vincular el gasto al proyecto:

– ¿Cómo determinar si un reactivo, un equipo, o la asistencia a un congreso, están estrechamente vinculados, o solo superficial o tangencialmente vinculados, a los objetivos de nuestro proyecto?

– ¿Podré justificar el gasto si se me ocurrió hacer algo que no estaba claramente vinculado al texto de la solicitud del proyecto, que escribí hace ocho años, ya fuera porque la lectura de una publicación o una idea más o menos genial nos llevaron en otra dirección?

– ¿Por qué habrá dudado el auditor de esa vinculación? ¿O será que simplemente ha ido eligiendo gastos hasta lograr un listado bien largo?

– ¿Es eficaz ese listado para racionalizar el gasto?

Llegado este punto, me permitirán mis colegas recordar algo obvio para todos los investigadores, pero que parece ser completamente ignorado por los interventores. Los gastos realizados a cargo de los proyectos de investigación son, en primer lugar, decididos por los propios investigadores. Y conviene recalcar aquí que la obtención de un nuevo proyecto depende de un uso efectivo de los fondos previamente concedidos, al menos en el caso de los proyectos competitivos. Así que, aunque no tenga validez fiscalizadora, el filtro del sentido común y el interés por seguir investigando no debería de ser ignorado.

A continuación, las propuestas de gasto deben de ser tramitadas a través de las administraciones y gerencias de los centros, que comprueban su adecuación a la normativa y, finalizado el proyecto, emiten la justificación económico-financiera. Dicha justificación podría y debería ser, ahora sí, fiscalizada por los propios Organismos Públicos de Investigación y por el organismo financiador, donde los funcionarios de carrera conocen las peculiaridades de la función investigadora y de la Administración Pública.

En el cuadro adjunto se documenta cómo parece que hemos llegado a la situación actual. Deficiencias en el control, por parte del organismo financiador, han llevado a la externalización del mismo. No poseo formación específica que me permita valorar de forma rigurosa la manera en la que el Ministerio ha decidido seguir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Pero mi formación científica (o quizás deformación, a juicio de algunas de nuestras autoridades) hace que me lo cuestione. Así, por ejemplo:

– ¿Es imprescindible contratar a una empresa externa?

– ¿Conoce el personal de dicha empresa la dinámica de la investigación?

– ¿Es mayor el coste, tanto económico como en pérdida de competitividad de los centros de investigación, de tan detallada, que no rigurosa, fiscalización que el supuesto beneficio del dinero que logra hacer reintegrar en el Tesoro Público?

Surgen muchas dudas que algunos colegas nuestros han plasmado afinadamente en un artículo de prensa.1 Dudas que se resumen en uno de sus párrafos:

«La realidad es que estas empresas parecen ignorar los informes existentes y piden que se justifiquen por segunda vez un porcentaje altísimo de los gastos realizados. Imaginamos que, en lugar de analizar cada gasto basándose en los informes previos, les cuesta menos pedir que se justifique todo de nuevo. Como estas empresas van a comisión sobre el dinero retornado, así maximizarán la ganancia con un trabajo mínimo por su parte, pero con un coste altísimo en personal y tiempo para los centros.»1

Debo reconocer aquí que no he logrado encontrar documentación sobre «trabajo a comisión», pero sí sobre el número mínimo de expedientes a revisar, por lo que la argumentación de maximizar la ganancia al reducir el tiempo de trabajo se confirma.

Reconociendo, y sufriendo, la gravedad de esta sobrecarga burocrática a la que se ven sometidos los equipos de administración y gestión de los organismos de investigación, y los propios investigadores –que vemos recortado el tiempo y el dinero necesarios para nuestra función primordial, investigar–, creo que no es este el aspecto más dañino para la I+D+i española.


Competitividad, transferencia e innovación

Resulta preocupante que cada vez nos pidan de forma más precisa, tanto en proyectos de investigación como, incluso, en contratos de formación del personal investigador, los resultados esperables, tanto en términos de conocimiento como de producción de artículos, patentes, comunicaciones a congresos, etc. La justificación ofrecida es la homologación de la solicitud de proyectos españoles con los de la Unión Europea.

Es verdad que un cierto conocimiento de la proyección que el equipo de investigación hace de su trabajo puede proporcionar a los evaluadores una imagen más completa: amplitud de miras, ambición científica conjugada con realismo, etc. Y, a posteriori, con vistas a la concesión de un nuevo proyecto, puede dar información adicional sobre la eficacia del grupo y del buen uso de la financiación para la obtención de los objetivos científicos. Pero, con el ejemplo de fiscalización que nos están dando, la necesidad de especificar los hitos y los entregables, el cronograma y los resultados esperados, más bien parece una estratagema para facilitar la fiscalización del gasto y la detracción de un importe considerable del importe concedido. Porque cuanto más predecible sean sus resultados, menor avance científico impulsará un proyecto de investigación. Y porque cuanto más predecible sea el conocimiento generado, menos competitivas serán las aplicaciones derivadas de su posible transferencia, dado que apenas habrá innovación.

¿Controlar la ejecución tanto científica como económica del proyecto? ¡Desde luego!

¿Fiscalizar a costa de desincentivar la creatividad y potenciar una investigación totalmente previsible, con un impacto muy limitado tanto en la generación de conocimiento como en la resolución de los retos de la sociedad?

Yo estoy seguro de que la práctica totalidad de quienes trabajamos en los centros de investigación tenemos clara la respuesta, pero ¿la tendrán nuestras autoridades?

La gestación de la actual práctica fiscalizadora del gasto de los grupos de investigación


L

a nueva práctica fiscalizadora, que aquí nos ocupa, parece estar basada en la «Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con el Informe de fiscalización del Programa Presupuesto 463B ‘Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica’, ejercicio 2005 en su sesión del día 18 de diciembre de 2012», publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 25 de febrero de 2013, Núm. 134, Págs. 2-57.

En las casi tres páginas de conclusiones (43-45), el breve párrafo que concierne a la justificación económico-financiera de los proyectos de investigación dice:

«En el procedimiento de control sobre la justificación económico-financiera cabe destacar principalmente la existencia de un número muy elevado de expedientes que figuran en los listados sin haber justificado ningún gasto, o con importes justificados por importe inferior al de la subvención percibida, sin que la DGI haya realizado sobre gran parte de ellos actuación alguna. En la revisión de los expedientes, se aprecian importantes deficiencias de justificación en muchos de ellos, bien por la insuficiencia de la documentación aportada o bien por la incorrecta valoración de la misma por la DGI.»

En consecuencia,

«El Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno la superación de las debilidades de control interno presentes en los centros gestores del programa 463B fiscalizado, al objeto de subsanar las deficiencias, errores e irregularidades expuestas en el presente Informe y, muy en particular, las que afectan a la gestión y el control de las subvenciones. Los responsables del programa 463B deben revisar los expedientes de subvención y las cuentas justificativas de manera que se pongan de manifiesto las cantidades otorgadas en exceso y las no justificadas, exigiendo los reintegros que resultan procedentes, antes de que transcurra el plazo de prescripción.»

Para dar respuesta a dicha recomendación, el Ministerio se ha decidido por la «Contratación de un servicio a la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad, para la realización de trabajos de revisión y análisis de ayudas de las convocatorias de las diversas líneas de actuación de los planes nacionales de investigación 2004-2007 y 2008-2011». Se publicó una primera convocatoria en el BOE de 14 de junio de 2013, núm. 142, pág. 30588, adjudicada por 439.411,50 € (impuestos incluidos) para un período de 12 meses. En el BOE de 26 de mayo de 2014, núm. 127, pág. 24721, se ha publicado una nueva convocatoria, no resuelta aún cuando está escrito este artículo.


Notas

  1. Véase el diario El País, 27 de junio de 2014. Disponible en: http://elpais.com/elpais/2014/06/27/opinion/1403892056_545371.html
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Enrique J. de la Rosa

Investigador Científico del Centro
de Investigaciones Biológicas
CSIC, Madrid

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