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DOSSIER CIENTÍFICO

Sin noticias de política cientítica Xavier Pujol Gebellí Se han cumplido ya los primeros cien días desde que se formó el nuevo Gobierno presidido por el Partido Popular. Pese a que en campaña electoral defendió el valor de la inversión en I+D+i, no ha habido en este período ni atisbo de medidas que impulsen lo que fue definido como un área de «interés estratégico» para la transformación del modelo productivo. A los cien días, la noticia es que no hay noticias. Lo cierto es que si hay noticias, como se defiende desde círculos próximos a la comunidad científica, tienen un cariz negativo y van en la dirección opuesta a la anunciada. La realidad de la que se habla entre pasillos anuncia un recorte de 600 millones de euros que podrían ser incluso más. Distintas fuentes elevan esta cantidad a los 742 millones (531 en forma de subvenciones a proyectos y a centros, y otros 211 en préstamos). Si la cantidad se confirmara, supondría un recorte del 8,65 % respecto a 2011 que debería sumarse al 7,38 % de 2011 y al 4,2 % de 2010. El acumulado en estos tres últimos años se acerca en el significativo y simbólico incremento del 25% al que se comprometió el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su primera legislatura. El porcentaje se alcanzó en los dos primeros años de mandato, aunque fuera recurriendo a los préstamos, un capítulo VIII de los Presupuestos Generales del Estado que cobraron gran importancia a partir de ese momento. Ese recurso se ha venido manteniendo hasta la fecha pese a que su nivel de ejecución ha ido descendiendo gradualmente. Como se cita repetidamente, pocos desean un crédito que no saben si van a poder devolver. Si la situación presupuestaria es crítica para el sistema en general, más lo es si cabe para los OPI, cuyo descenso en financiación pública supera ya el 30 % con el agravante de la imposibilidad de contratar a nuevos investigadores. Si en 2011 solo pudieron incorporarse 50 nuevas posiciones para un total de 140 centros, las expectativas para 2012 se sitúan por debajo del cero, puesto que no están previstas ni siquiera las reposiciones por baja, bien sean por jubilación o por la eventual renuncia de algún investigador. La situación se antoja tan sumamente crítica que diversas organizaciones se han unido finalmente para hacer un llamamiento público al gobierno para que reconsidere sus intenciones presupuestarias con respecto a la I+D+i. En una carta abierta firmada por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), el sindicato Comisiones Obreras, la Federación de Jóvenes Investigadores y la plataforma Investigación Digna, reclaman que no se apliquen nuevas reducciones presupuestarias y que la I+D+i pase a ser «sector prioritario». Sin carrera científica Si finalmente se cumplen las expectativas de financiación, la asignación presupuestaria sería equivalente, en opinión de COSCE, a la de 2005, con la salvedad de que en estos años el sistema ha evolucionado y en algunos aspectos es mucho más exigente que en esa fecha. El capítulo de personal, sin ir más lejos, es uno de ellos. También lo son la financiación de proyectos y las necesidades de los centros de nueva creación, buena parte de ellos inexistentes por aquel entonces o bien en sus primeros tiempos de vida. Bajo esta perspectiva, puede resultar incluso comprensible, por más que forzosamente negativo, que los capítulos pendientes en 2005 lo sigan estando ahora, máxime tras el inicio de los recortes. También lo es, por tanto, que lo que antaño fuera un problema pendiente de solución, lo siga siendo ahora. En el ámbito del personal investigador, la ausencia de una política clara, y sobre todo la escasa predisposición a ejecutar lo pactado, podría desembocar en el colapso del sistema en el medio plazo. El programa Ramón y Cajal, concebido en su día como la fórmula de tenure track española por la posibilidad de dotar de estabilidad a investigadores de calidad contrastada tras superar las evaluaciones correspondientes, se ha quedado muy por debajo de lo previsto. Los datos públicos disponibles denuncian que tan solo el 37 % de los investigadores incorporados al Programa Ramón y Cajal en 2006 y que han superado satisfactoriamente las evaluaciones, disponen de plaza estable. Poco o nada se sabe de las convocatorias posteriores, pero las dificultades de contratación y de financiación en institutos, centros o departamentos universitarios, no auguran un desenlace feliz. Como muestra, un botón. Desde 2007, cuando el CSIC contrató a 681 investigadores, la cifra ha ido decayendo año tras año hasta alcanzar los 55 de 2011. La previsión es que para 2012 no se contrate a nadie. El problema asociado a la no contratación tiene que ver con la no reposición de plazas y el consiguiente envejecimiento de las plantillas, un aspecto para nada deseable en un sector tan dinámico y competitivo como es la I+D+i. Si la incorporación por la vía del Programa Ramón y Cajal se sitúa en los 42 años de media, la plantilla del CSIC se acerca a los 58, una edad similar a la que puede encontrarse en las universidades. Si no se cambian las condiciones, es de esperar un adelgazamiento de las plantillas que podría compensarse por la vía de la incorporación masiva, como ocurriera en la década de 1980. Se abriría nuevamente un ciclo distorsionador en la que una generación de investigadores ejercería de tapón a la siguiente. Por el camino, muchos otros, en realidad al menos un par de generaciones, se verían obligados a emigrar, por lo que el esfuerzo económico en formación se habría dilapidado en beneficio de terceros. En el otro extremo de la balanza solo se sostienen los institutos de nueva formación que, soportados por fundaciones y mecanismos de gestión independientes, pueden seguir contratando a investigadores contrastados. Las distintas convocatorias del European Research Council, así como distinciones nacionales (el programa Severo Ochoa es el más ilustrativo), acreditan la calidad de muchos de estos centros, aunque para todos las condiciones están ya menguadas. Pero son islotes de calidad que corren el riesgo de verse cada vez más aislados. Sin modelo productivo Si para cualquier sistema de I+D+i el investigador resulta una pieza esencial, no lo son menos las condiciones de las instituciones en las que desempeña su labor. Estas condiciones pasan, hoy por hoy, por una adecuada financiación y mecanismos de gestión capaces de aportar valor añadido. Nada de esto parece posible en la situación actual. La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación recoge esta necesidad, al tiempo que proclama a la I+D+i como uno de los motores para conseguir una economía basada en el conocimiento. Pese al extraordinario consenso político alcanzado en su día (mayo de 2011 fue aprobada con más del 90 % de votos favorables), la ley sigue sin desplegarse y los instrumentos previstos, en particular la Agencia Estatal de Investigación, sigue en proceso de redacción. Los países punteros de nuestro entorno cuentan desde hace años con instrumentos similares, cuya función esencial es gestionar de forma independiente y anticíclica presupuestos y modelos de calidad. Reino Unido, Alemania y Francia son los mejores ejemplos. Y lo son también en cuanto a asignación presupuestaria en tiempos de crisis. Francia ha anunciado una inyección de 35 000 millones de euros, mientras que Alemania lleva tiempo aumentando en un 5 % anual la financiación de sus grandes instituciones, con la Sociedad de Institutos Max Planck a la cabeza. La Comisión Europea ha hecho pública su disposición de incrementar los 55 000 millones de euros actuales hasta los 80 000 para el período 2014-2020. Sin financiación estable y sin un marco organizativo adecuado, el sueño de procurar una transición a un modelo económico basado en el conocimiento difícilmente podrá alcanzarse. Por no haber, se echan incluso de menos la definición de prioridades o de acciones específicas, más allá de las rutinarias, que ayuden a enmendar la plana. Contrariamente, lo que se intuye es un largo período de transición en el que nada o muy poco va a cambiar y lo que haya va a tener que ser gestionado con habilidad por universidades, institutos u OPI, pero siempre recurriendo al ingenio individual y no a un sistema organizado que marque directrices y cumpla expectativas. He ahí el reto del período que se abre y para el que la noticia sigue siendo la ausencia de noticias. CAPTAR A LAS EMPRESAS La aprobación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en mayo de 2011 marcó un hito sin precedentes en el ámbito parlamentario. Salvo unas pocas excepciones, todos los grandes partidos políticos aprobaron su contenido con un nivel de consenso equiparable al de un Pacto de Estado. Pese a ello, y pese a que fue tildada por todos como «la mejor de las posibles», lo cual obligaba a dejar en el aire aspectos centrales, el retraso en su despliegue en poco ayuda a reestablecer la confianza en el sistema y a planificar el futuro. Tampoco ayuda que los instrumentos previstos acumulen igualmente retraso. Entre esos retrasos destaca, además de la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación, la activación de mecanismos específicos para que las empresas españolas participen activamente del sistema como ya sucede en otros muchos países. En este sentido, empiezan a escucharse voces que reclaman la presencia de la empresa española en foros en los que se debata el futuro del modelo económico. Auque todavía con la boca pequeña, hay quien especula con una «reconversión industrial» que, sin llegar a ser traumática como la acometida en los años ochenta, siente las bases de un sistema sostenible, duradero y mucho más impermeable a las fluctuaciones económicas. La participación de la empresa en este debate es obvia, además de necesaria. Entre otras razones porque el debate tiene que ver con modelos productivos, modelos de empresa y necesidades de formación específica. Y ante todo, un cambio de mentalidad que introduzca una cultura empresarial en la que prime el medio y el largo plazo. Política y empresa deben darse la mano en este camino. EL SÍMBOLO DE LA PALABRA Habría que remontarse a varias décadas atrás para no encontrar la palabra ciencia en el enunciado de algún ministerio español. Aunque el hábito no hace al monje y la estructura organizativa de donde pende el sistema de I+D+i no dista en exceso de otros modelos europeos, la pérdida de valor simbólico denota hasta qué punto se confía en la capacidad de generación de conocimiento como motor de transformación. España se ha aupado en los últimos años a posiciones destacables en cuanto a producción científica y a su calidad, pese a que este último término es discutido por el baremo empleado. Pese al innegable avance, que ha supuesto la posibilidad de atraer talento internacional, y con él a recursos competitivos, España baila entre la posición 30 y 40 en términos de competitividad. En esencia, viene a significar que poco de lo que se produce en conocimiento es aprovechado por el sistema español. * Y por supuesto, es un claro indicativo de la pérdida de oportunidades en el mercado internacional. * Puede seguirse el debate #Nimileurista en El País. [VOLVER AL ÍNDICE]