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DOSSIER CIENTÍFICO

Políticas científicas para los tiempos que vienen Xavier Pujol Gebellí El futuro inmediato no pinta halagüeño para los intereses generales del ciudadano español. La asfixiante crisis económica que aprieta –y en ocasiones ahoga– a la castigada Eurozona, la inestabilidad financiera y la en absoluto desdeñable lentitud europea en la toma de decisiones, amenazan con ralentizar la recuperación económica. En este contexto, el diseño de políticas científicas eficaces para el conjunto de Europa, y para España en particular, se antoja un ejercicio de malabarismo. Pese a ello, nadie pone en duda hoy que hay sistema. Aunque con lagunas, su incipiente fortaleza debería bastar para soportar mal que bien la crisis y encarar el futuro. El análisis del marco que define el actual sistema de español de ciencia y tecnología podría resumirse recurriendo al símil de la botella medio llena o medio vacía. En función de quien recurra a ella, podrá hablarse propiamente de sistema o bien de unas carencias todavía estructurales que dificultan su entrada efectiva en la élite internacional. ¿Cuál de las dos partes tiene razón? Muy probablemente, ambas están en lo cierto. Es decir, el sistema, aunque débil y sujeto a vaivenes que lo desestabilizan, tiene visos de poder ser articulado convenientemente y de ese modo plantar cara al futuro. Sus debilidades, no obstante, pueden poner en riesgo real que lo conseguido en los últimos años no sólo sufra un parón sino que retroceda a períodos anteriores y, con ello, perder parte sustancial de la inversión efectuada. ¿Quién ve la botella medio llena? Lógicamente, esa es la visión que se tiene desde la Administración, que en esta última legislatura ha hecho esfuerzos para tratar de mostrar una imagen optimista de la realidad. La entrada en vigor de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, basada en un amplio consenso parlamentario, debería sentar las bases para el salto de calidad del sistema o, si se prefiere, para seguir llenando la botella. Está la Ley, el nacimiento del Ministerio de Innovación y Ciencia y, en la legislatura previa, un período de expansión presupuestaria que acerca el porcentaje de inversión sobre el PIB al 1,4% según datos del Instituto Nacional de Estadística. Del lado de los que ven la botella medio vacía, y con riesgo de seguir vaciándose, se sitúa buena parte de la comunidad científica, que ve con temor hasta qué punto están afectando los recortes presupuestarios (algo más del 12% en los dos últimos ejercicios, de acuerdo con el análisis de los Presupuestos Generales del Estado efectuado por COSCE) y, por razones obvias, la oposición política, que defiende fórmulas alternativas. El punto medio es difícil de situar, pero podría resumirse con otro símil, el de aquella manta que, en invierno, o cubre la cabeza o cubre los pies, pero difícilmente ambas cosas a la vez. Por las capas altas, por la cabeza, está siendo posible atraer talento competitivo, lo cual habla bien de las instituciones de investigación (especialmente de los centros de nueva creación), de las líneas que se están emprendiendo y de los programas en los que se compite. En este sentido, España ya no es tercera división. Por las capas bajas, sin embargo, la situación es francamente distinta y en gran medida desalentadora. El acceso a la carrera investigadora sigue siendo compleja y las condiciones precarias en exceso. La falta de definición en lo que concierne a la carrera profesional, para la que se adivinan posibles soluciones cuando la Ley de la Ciencia inicie su despliegue, junto con la todavía lejana Agencia Estatal de Investigación y Financiación, contenida igualmente en la Ley, dificultan la consolidación de lo que podríamos denominar clase media científica, absolutamente imprescindible en cualquier sistema de I+D+I que se precie. El futuro se llama Agencia Si de algo está pendiente la comunidad científica en su conjunto, es de la concreción de la futura Agencia Estatal de Investigación y Financiación. Aunque el nombre preciso está todavía en el aire, no lo están las funciones que se esperan de ella: agilidad, autonomía y flexibilidad para la financiación de la ciencia y la rendición de cuentas. En esos principios hay total acuerdo entre todas las partes. La Agencia está prevista en la Ley de la Ciencia e incluso hay plazos prefijados para todos los trámites que deben efectuarse, por lo que debería estar lista para entrar en funcionamiento en 2012 y administrar su propio presupuesto para 2013. Pero a fecha de hoy apenas se dispone de un borrador que ha circulado mínimamente entre las partes implicadas. Desde la comunidad científica se entiende que la Agencia es un instrumento esencial para dar estabilidad al sistema. Su puesta en funcionamiento viene reclamándose desde hace al menos una decena de años y lo que se teme es que, tras la cita electoral del 20N, pueda caer de nuevo en el olvido. La transformación del no-sistema En opinión de reconocidos expertos, más importante que saber si la botella está medio llena o medio vacía, es determinar si se está llenando o se está vaciando. Esto es, tener clara cuál es la tendencia y, en el caso de que la progresión sea positiva, analizar la velocidad de la evolución y valorar correctamente las distintas acciones que se emprendan para ver su impacto a lo largo del tiempo. Andreu Mas Colell, actual conseller de Economía e Innovación de la Generalitat de Catalunya y ex secretario general del European Research Council –cargo que le confiere una notable autoridad en materia de política científica– suele renegar de las instantáneas cuando se le requiere acerca de la salud del sistema de ciencia e innovación español. Reiteradamente recurre a la evolución, en particular a la vivida desde los años ochenta hasta el momento presente. En aquellos momentos, suele recordar no sin razón, que hablar de sistema era poco menos que un atrevimiento, cosa que hoy no ocurre. Las cifras demuestran, en su opinión y en la de otros muchos, que la productividad científica y su impacto han pasado de estar representados por unos pocos casos excepcionales y aislados, a contar con unas estructuras y organizaciones capaces de competir internacionalmente, aunque tal vez no en las mejores condiciones. Visto así, la tendencia es positiva. En 1985, un año antes de que se aprobara la Ley de la Ciencia que ha estado vigente hasta este año 2011, el porcentaje del PIB que se destinaba a I+D (la I de innovación ni tan solo se mencionaba por entonces) era del 0,81% y la posición relativa con respecto a productividad científica relegaba a España a una poco relevante 30 posición. La universidad, tanto en su labor docente como investigadora, exigía importantísimos cambios estructurales, lo mismo que los OPI, encerrados en sí mismos y con escasa agilidad para asirse al acelerón que las ciencias más dinámicas estaban empezando a experimentar en aquellos tiempos. Por supuesto, la inversión privada, siempre renuente en España, apenas era visible, la participación de las comunidades autónomas en el sistema era inexistente y en los presupuestos destinados a I+D se incorporaba una amalgama de destinos que, 25 años después, nos parecen a todas luces incomprensibles y hasta cierto punto censurables. La Ley de la Ciencia de 1986 marcó un punto de inflexión que desembocó en el nacimiento de lo que hoy consideramos sistema. Además de regular la organización de las principales estructuras dedicadas a la investigación, trazó un camino que, con altibajos, ha ido superando obstáculo tras obstáculo hasta situarnos en el momento actual. En ese camino, los presupuestos han ido aumentando paulatinamente (con parones notables en los primeros años noventa y en la actualidad); se han incorporado las comunidades autónomas (particularmente con políticas orientadas a recursos humanos, creación de centros de investigación e implementación de proyectos); se han ensayado programas para investigadores en los que se refuerza la calidad; se han puesto en marcha una veintena de grandes instalaciones científicas; y se han instaurado programas que persiguen la excelencia y la competitividad. Por el camino, alguna que otra fórmula fallida, sobre todo desde el punto de vista estructural; discusiones en exceso estériles ante nuevas fórmulas organizativas más ágiles, flexibles y eficaces (caso de los centros de nueva creación regidos por órganos independientes); la concreción de una carrera profesional acorde con las exigencias del sistema; una financiación pública aún insuficiente; y un compromiso privado muy por debajo de lo necesario. La lista podría ser más extensa, y de hecho lo es. La razón principal es que, tras 25 años, el sistema está inacabado. Completando el puzle Las legislaturas previas, salvo algunos saltos de calidad, que también los hubo, se caracterizaron por un vaivén organizativo que no pocos han dudado en calificar como desmedido cuando no un despropósito. Del calificativo no se salva ninguno de los dos grandes partidos parlamentarios. El primero, el Partido Popular al impulsar el fallido Ministerio de Ciencia y Tecnología, de vida tan efímera como resultados tan poco apreciables. El segundo, el PSOE, que en su primera legislatura desandó el camino andado, y en la segunda lo reemprendió con el actual Ministerio de Innovación y Ciencia que, dicho sea de paso, cambió de competencias a los dos años de su nacimiento con el trasvase del área de Universidades al Ministerio de Educación. El peso de Bolonia, como han reconocido altos cargos ministeriales, propició la decisión. Pese a ello, sería injusto no reconocer algunas de las actuaciones que, lanzadas desde el MICINN, y tratando siempre de propiciar el consenso, como se ha encargado de repetir reiteradamente su titular, Cristina Garmendia, se han venido impulsando en estos últimos tiempos. Una de las más significativas, por cuanto atañe a dos de los aspectos críticos del sistema, es la puesta en marcha de «actuaciones estratégicas», en el marco del programa Ingenio 2010. En el mismo se enmarcan el programa CENIT, rediseñado para aumentar la colaboración público-privada y con un peso notorio de empresas con base tecnológica y voluntad innovadora; el programa CONSOLIDER, destinado a «aumentar la masa crítica y la excelencia investigadora», y el programa AVANZ@, «para converger en la UE en sociedad de la información». Todos estos programas han recibido financiación adicional, bien en forma de subvenciones, bien en forma de créditos blandos, que han facilitado numerosos proyectos de investigación (hasta 77 aprobados en el caso de CONSOLIDER) con un nivel de calidad superior a la media. Lo cual, al menos en teoría, eleva la media total. Si Ingenio 2010 ha sido una propuesta aplaudida como concepto e incluso como financiación, algo similar puede decirse de la última propuesta lanzada desde el MICINN, aunque con matices. El programa Severo Ochoa, pensado para premiar la excelencia de «centros y unidades de investigación», para el que se recibieron un total de 75 aplicaciones, ha despertado interés por lo que supone como acreditación y acceso a beneficios del sistema, además de a una financiación adicional de un millón de euros anuales por un período de cuatro años. La primera selección ha arrojado ocho centros acreditados, número que debería poder ampliarse hasta cerca de los 40 hasta 2014. La convocatoria y posterior evaluación ha seguido criterios internacionales y los distintos comités evaluadores estaban constituidos por científicos de primer nivel, aspecto que ha sido aplaudido en general. Sin embargo, ha habido una cierta confusión, puesta de manifiesto por diversos centros, sobre cómo se ha difundido la información, lo que ha empañado en parte el resultado final. Calificación positiva ha tenido también, y siempre dentro de esta última legislatura, el proceso de acreditación de los centros biomédicos adscritos a instituciones sanitarias. En este caso, pesa más la marca que otras consideraciones, pero el hecho de disponer de ella, según sus responsables, garantiza unos estándares de calidad homologables con sus equivalentes internacionales. Mención aparte merecen los campus internacionales de excelencia. Quienes se han hecho acreedores de la marca, sostienen que se trataba de una buena idea en sus orígenes, puesto que perseguían reunir bajo un mismo sello a instituciones públicas y privadas (básicamente universidades y empresas) con centros de interés coincidentes. De ese modo, según se anunciaba, se podía acceder a financiación adicional que, al menos para las universidades, hubiera sido recibida como agua de mayo. Tras una primera selección aplaudida, aunque tímidamente por la escasa dotación económica adicional, el interés ha acabado menguando por la numerosa extensión de la acreditación. El resultado final, a juicio de los gestores universitarios y parte de la comunidad científica, es que se ha procedido según la norma no escrita del café para todos. El exceso de premios, arguyen, diluye la motivación y resta valor tanto a la selección como a los criterios de evaluación. La Ley y el consenso El colofón a la política científica de la presente legislatura, y que podría marcar un antes y un después según como se desarrollen los acontecimientos, ha sido la aprobación de la Ley de la Ciencia, el instrumento sobre el que deben basarse las futuras actuaciones en esta materia y que ha precisado un innegable esfuerzo negociador puesto que ha querido primarse el consenso por encima de otras consideraciones. Y ese consenso se ha conseguido, tal y como se vio en el trámite parlamentario y las subsiguientes votaciones de las principales fuerzas políticas. El consenso tiene su razón de ser en el interés mostrado por aislar tanto como sea posible las decisiones científicas de las meramente políticas o coyunturales, y de la aceptación de que la estabilidad es esencial para que el sistema funcione adecuadamente. Esta percepción es la que ha llevado a decir a todas las partes que se aprobó «la mejor ley de todas las posibles». El despliegue de la Ley va a quedar para la próxima legislatura. Si se mantiene el consenso, es probable que sus ejes principales, entre los que se cuentan el diseño de las denominadas Estrategia de Ciencia y Tecnología y Estrategia de Innovación, acaben tomando cuerpo como elementos centrales del sistema. Ambas estrategias tienen la difícil misión de estabilizar el sistema de ciencia y promover su calidad, de un lado, y de invertir el escaso peso de la empresa española y del propio sistema en la cultura de la innovación. Este último aspecto, especialmente realzado en la Europa de los Programas Marco, es una asignatura pendiente en España que obligará a repensar los mecanismos de transferencia de tecnología e introducir el a veces abstracto concepto de innovación en un tejido industrial formado por pequeñas y medianas empresas poco proclives a ello, y a un sistema universitario y de instituciones de investigación que adolecen de esa visión en su seno. ¿Qué lugar ocupa España? Las clasificaciones, los ránquings, en particular los cualitativos, suelen ser engañosos si no se consideran todas las variables que definen una posición determinada. La ciencia no es una excepción a la norma. La cantidad de parámetros a considerar y la subjetividad que puede aplicárseles, pueden determinar que una universidad o un centro caigan de un puesto a otro con suma facilidad. O que lo mismo pase con el sistema de I+D+i de un país. De ahí que se intente lograr variables lo más objetivas posible. Visto así, ¿qué lugar ocupa España en la escena internacional? De acuerdo con las estimaciones que se han hecho públicas, sobre todo desde la Administración, ocuparía la novena posición en cuanto a productividad y el décimo en cuanto a impacto. Si bien nadie discute la primera, algunas voces, cada vez más, discrepan abiertamente de la segunda. Todo depende de cómo se mida, vienen a decir. Si se mide la calidad a partir del 10% de los trabajos científicos más citados, España cae a la posición 25 en el ránquing de Thomson Reuters o al 20 en el de la lista de países que publican más de 1000 artículos científicos al año en revistas de alto impacto. Y si se mide por la «producción de premios Nobel», como preconizan algunas clasificaciones, el resultados es muchísimo peor. En todo caso, basar la excelencia o la calidad de un sistema solo por el número de publicaciones y las citas generadas, parece poco apropiado. Dicho de otro modo: España es un país que publica mucho pero no con la suficiente calidad e impacto como para resultar un sistema suficientemente atractivo. En este contexto, tan solo un indicador contradice la mayor: la captación de talento internacional, sobre todo como investigadores en posiciones líder, se mantiene a un ritmo más que saludable. Lo mismo ocurre con las financiaciones especiales otorgadas por el European Research Council, que cada año premia con números significativos proyectos a desarrollar en España. Que las condiciones sean estables y la financiación local adecuada, hará que estos números se muevan en una dirección o en otra y que las clasificaciones mejoren o no. ARTÍCULOS DE ESTE DOSSIER [Noviembre 2011] INTRODUCCIÓN: Promesas y realidades Xavier Pujol Gebellí La ciencia: una prioridad de los socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba Algunas propuestas para la próxima legislatura Gabriel Elorriaga La propuesta de CiU en política científica Antoni Castellà i Clavé La I+D+i y la X Legislatura Arantza Tapia y José Ramón Beloki Políticas científicas para los tiempos que vienen Xavier Pujol Gebellí [VOLVER AL ÍNDICE]