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DOSSIER CIENTÍFICO

Algunas propuestas para la política científica de la próxima legislatura Gabriel Elorriaga Cualquier propuesta de futuro debe partir de un análisis correcto de la situación actual, de las fortalezas y debilidades de nuestro sistema de ciencia e innovación. A pesar del gran avance conseguido en los niveles de producción científica, España es uno de los países desarrollados con menor capacidad de transferencia y puesta en valor de los resultados de la investigación. Resolver esa carencia debe ser un objetivo central en los próximos años. El significativo crecimiento del sistema español de ciencia y tecnología, conseguido en poco más de una década, se apoya en un uso muy intenso de recursos públicos. Estando España muy lejos de los niveles de inversión en I+D de los países más avanzados es, sin embargo, uno de los que más incrementaron su inversión pública entre 1999 y 2008 y, además, uno de los que más recursos públicos emplea en términos relativos. Esa falta de inversión privada se debe, en buena medida, a la mala comunicación entre los agentes públicos de investigación (universidades y OPI, singularmente) y las empresas, a una escasa movilidad de los investigadores y a una estructura de incentivos poco adecuada a las necesidades actuales. Nuestros centros públicos generan una abundante producción científica pero están todavía lejos de alcanzar los niveles de excelencia deseables. Las mayores cotas de visibilidad y reputación internacional se están obteniendo, precisamente, en el área semipública, donde un uso generoso de recursos presupuestarios, unido a nuevas formas de organización y gestión, menos burocráticas, más atractivas para los investigadores de mayor talento y más abiertas a la sociedad, está alcanzando un éxito notable. Desde otro punto de vista, la actuación dispersa de las distintas administraciones presentes en nuestro país es causa de muchas ineficiencias. La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ofrece nuevas oportunidades para mejorar la coordinación entre Administraciones y abre nuevas posibilidades que habrá que desarrollar con plenitud. La propia Administración del Estado tampoco ha destacado en los últimos años por la coherencia interna de sus propias actuaciones. Los vaivenes organizativos han sido la regla y el resultado no puede ser peor. Tras desmontar el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2004, retrocediendo una década el camino ya andado, se pretendió reinventar lo ya conocido mediante la creación en 2008 del Ministerio de Ciencia e Innovación. Los cambios internos han sido constantes, en las estructuras y en sus responsables políticos, reflejo de una desorientación inicial que no se ha sabido superar. Finalmente, la nueva Ley de la Ciencia ha plasmado lo que siempre se supo: que es necesaria una mejor coordinación de todos los recursos públicos disponibles, que hay que potenciar la movilidad de los profesionales y que es urgente la creación de una agencia de financiación de la investigación, profesional e independiente. Hace ahora casi ocho años, el entonces portavoz socialista de ciencia e innovación publicaba en esta misma revista sus propuestas para la legislatura 2004-2008; la segunda, muy compartida por todas las fuerzas políticas, literalmente decía: «constituiremos una Agencia de Financiación de la Investigación, que incorpore la flexibilidad y la agilidad de gestión del sector privado y la transparencia y la evaluación propia de una actividad sostenida con fondos públicos.1 Desde entonces han pasado épocas de bonanza y de restricción, han variado los ministerios competentes para hacerlo, han cambiado sus responsables, pero lo cierto es que concluye la segunda legislatura y el trabajo no se ha hecho. Por último, para completar el diagnóstico, se debe hacer una referencia somera al conocido tema de los drásticos recortes presupuestarios. En contra del discurso imperante, lo cierto es que el área de investigación científica e innovación ha sufrido los mayores ajustes desde el inicio de la crisis. Ningún otro sector ha visto mermados sus recursos en un porcentaje análogo a cómo lo han hecho los destinados a I+D. Parte de los grandes recortes se han tratado de encubrir mediante una política de concesión de créditos que ahora, pocos años más tarde, se convierte en una losa para innumerables universidades, centros y proyectos. La figura 1, tomada del informe elaborado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2011, muestra lo ocurrido con enorme claridad. Figura 1. Evolución de la relación de gastos no financieros versus operaciones financieras (préstamos) en los presupuestos de I+D del Estado. [Tomada de COSCE.2] Las cifras agregadas que con intencionada voluntad de confundir se ofrecen reiteradamente por los actuales responsables gubernamentales esconden una dura realidad: los préstamos suponían a comienzos de 2005 una tercera parte de los recursos presupuestarios; hoy, el gasto real (no financiero) apenas supera la tercera parte. Lo cierto es que los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística revelan que, ya en el año 2009, los recursos totales (públicos y privados) destinados a I+D en España se redujeron en un 0,8 %, el primer descenso tras 14 años de incrementos sucesivos. Era todavía un porcentaje pequeño, básicamente causado por el retraimiento de la inversión privada (-6,3 %), pero anticipaba ya una tendencia que se ha consolidado e incrementado a partir de ese momento como consecuencia de los sucesivos y crecientes recortes en los presupuestos públicos. Lejos de aprovechar la crisis para afrontar un necesario cambio en nuestro patrón de crecimiento, durante los últimos años se ha sacrificado la generación de conocimiento a favor de otro tipo de gastos. Objetivos para la próxima legislatura El programa de gobierno del Partido Popular buscará potenciar una investigación dirigida a la resolución innovadora de los problemas a los que se enfrenta la sociedad, garantizando la libre creación en la frontera del conocimiento e incrementando la calidad y relevancia de la investigación financiada con recursos públicos. Es inexcusable aumentar la rentabilidad social de los presupuestos empleados, y eso debe conseguirse dando mayor libertad de actuación a los investigadores y mejorando al tiempo los sistemas de evaluación de resultados. Situaremos en el eje de todas las actuaciones la necesidad de reforzar la carrera investigadora, entendida no como un modelo basado en la estabilidad burocrática, sino fundamentada en la multiplicación de oportunidades para todos aquellos que acrediten su esfuerzo y potencialidad, haciendo posible el pleno desarrollo de todas las capacidades personales en condiciones internacionalmente competitivas. Buscaremos la excelencia y la orientaremos, en los campos donde eso sea posible, hacia la innovación empresarial. Debemos aproximar a corto plazo, en los sistemas de evaluación, las actividades de desarrollo tecnológico y de generación de propiedad intelectual con la publicación de resultados científicos. Fomentaremos la penetración de profesionales con cualificaciones científico-técnicas en el sector productivo y facilitaremos al máximo su movilidad, dando así lugar a modelos diversos de carrera, todos necesarios y no excluyentes entre sí. La difícil coyuntura presupuestaria que estamos atravesando hace más urgente que nunca formular una verdadera programación conjunta en I+D+i de todas las Administraciones públicas, creando la masa crítica suficiente para alcanzar un impacto internacional, reduciendo las ineficiencias derivadas de la dispersión y la duplicación de esfuerzos, y haciendo posible una verdadera estrategia española para potenciar la sociedad del conocimiento. Para conseguirlo, es necesario antes que nada armonizar y reforzar en todas las Administraciones los sistemas de intercambio de información, seguimiento y evaluación de resultados. Singularmente, el Partido Popular se propone potenciar el sistema público de investigación biomédica, con una estrategia que priorice las patologías más prevalentes, incremente la cooperación internacional, coordine todos los esfuerzos públicos y acelere la traslación de los resultados a la práctica clínica. Algunas medidas concretas Una rápida y adecuada puesta en marcha de los compromisos adquiridos en la nueva Ley de la Ciencia constituye el primer objetivo del Partido Popular. Aprobaremos con rapidez una nueva Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, así como el nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica. Pondremos en marcha con agilidad la Agencia Estatal de Financiación de la Investigación, para conseguir una asignación más eficiente de los recursos públicos y mejorar su evaluación. Generalizaremos los sistemas de concurrencia competitiva y eliminaremos la asignación nominativa de recursos en los presupuestos, uno de los vicios que se ha ido introduciendo de manera creciente en nuestros presupuestos. Reorganizaremos los recursos disponibles en la Administración del Estado para mejorar su aprovechamiento. Para conseguir un auténtico Sistema Español de Ciencia y Tecnología implementaremos una infraestructura de apoyo que permita la interconexión, normalización y armonización de todos los datos procedentes de las diversas Administraciones públicas e instituciones científicas, con formatos interoperables a través de una red de datos unificada. Ofreceremos a la sociedad un mapa nacional de recursos científicos y tecnológicos y daremos la más amplia difusión a las capacidades y resultados de cada uno de los agentes públicos de investigación. Normalizaremos los criterios y procedimientos de evaluación de investigadores, proyectos, infraestructuras e instituciones. Articularemos un «sistema de confianza», para uso compartido de todas las Administraciones, que garantice la independencia, calidad, eficiencia y transparencia de todos los organismos de evaluación y seguimiento. Potenciaremos la cofinanciación de centros entre distintas Administraciones y entidades privadas, los consorcios públicos, los acuerdos de colaboración interinstitucional y cualquier otra fórmula que haga posible la orientación conjunta de los recursos y aumente la flexibilidad de funcionamiento de los centros en todo el sistema. De manera inmediata se aprobarán las nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea, marco presupuestario que condicionará los recursos disponibles para I+D durante los próximos años. Defenderemos el incremento significativo de los recursos europeos destinados a la ciencia y la innovación, y alinearemos los recursos públicos españoles con las estrategias de la Unión, para aprovechar mejor los recursos disponibles y contribuir decididamente a la internacionalización del sistema español de ciencia y tecnología. Por último, daremos un decidido impulso a la inversión privada en I+D. Para hacerlo posible actualizaremos la estructura de incentivos fiscales, y daremos una atención muy preferente a las empresas emergentes, las pymes innovadoras y a los sectores más estratégicos (salud, energía, transporte). Notas 1 Véase Lissavetzky J.: «El programa electoral del PSOE en ciencia y tecnología». SEBBM 2004; 139 (Marzo): 7-9. Disponible en: http://www.sebbm.com/pdf/139/d03139.pdf. 2 Molero J., No J. de, Toro M., Trívez F.J (Comisión de la COSCE para el Estudio de los Presupuestos Generales del Estado): «Informe COSCE. Análisis de los recursos destinados a I+D+i (Política de Gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011». Madrid: COSCE, 2011. Disponible en: http://www.cosce.org/pdf/informe_COSCE_ANALISIS_PGE2011.pdf. Gabriel Elorriaga GRUPO POPULAR ARTÍCULOS DE ESTE DOSSIER [Noviembre 2011] INTRODUCCIÓN: Promesas y realidades Xavier Pujol Gebellí La ciencia: una prioridad de los socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba Algunas propuestas para la próxima legislatura Gabriel Elorriaga La propuesta de CiU en política científica Antoni Castellà i Clavé La I+D+i y la X Legislatura Arantza Tapia y José Ramón Beloki Políticas científicas para los tiempos que vienen Xavier Pujol Gebellí [VOLVER AL ÍNDICE]